Si bien la Justicia de Río de Janeiro rechazó ayer el pedido de Vasco da Gama para jugar en el Maracaná, la Procuraduría General de Justicia del Ministerio Público del estado carioca hizo público en sus redes sociales que emitió una recomendación al consorcio conformado por Flamengo y Fluminense para que pongan a disposición el estadio al Cruzmaltino y causó un giro en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Boca.
Rápidamente, los coletazos no tardaron en llegar y el Mengao decidió sacar un fuerte comunicado para manifestar su disconformidad y “preocupación” ante el “intento del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro de interferir en la definición del lugar de realización de los partidos de fútbol”.

En el documento publicado por el ente se asegura que no ceder el recinto podría ser un incumplimiento del contrato de concesión y establece un plazo de 48 horas para la respuesta, dando la posibilidad a la adoptación de medidas judiciales en caso de infracción.
Inicialmente, la gerencia del Maracaná manifestó que el terreno de juego podría verse dañado, ya que esa misma semana, el Mengao recibe a Estudiantes por la Copa Libertadores. Un argumento considerado inválido por el Ministerio, ya que en mayo de este año ya se disputaron partidos en días consecutivos.
A su vez, aseguran tener en cuenta para esta medida la imposibilidad reglamentaria de que el cruce con el Xeneize se celebre en São Januário y obligan a presentar un informe en los próximos 30 días para analizar a futuro las distintas solicitudes de uso, con justificaciones individuales para negar cada caso.

Frente a esto, Flamengo salió al cruce con un contundente descargo: “Si los órganos responsables atestiguan técnicamente las condiciones para la realización de un partido, cabe preguntar: ¿con base en qué competencia técnica el Ministerio Público pretende desconsiderar esos informes y sustituir la evaluación de quien efectivamente responde por esa atribución?”.
Cabe destacar que Vasco tiene tiempo hasta el 10 de octubre para presentar una sede a Conmebol para no arriesgarse a recibir posibles sanciones económicas.
En caso de que por un nuevo giro o por cuestiones de tiempos el Maracaná no esté disponible, las alternativas pasan por el Nilton Santos, escenario habitual de Botafogo donde la dirigencia no quiere jugar por contar con césped sintético, o por insistirle a la casa madre del fútbol sudamericano para la utilización de São Januário, ajustando ciertos requisitos relacionados a la capacidad.
También se asomó la posibilidad de mudar la sede de ciudad a Brasilia o Manaos, pero la misma caducó ayer luego de que se acabe el plazo para hacer la presentación correspondiente.

“El Club de Regatas do Flamengo ve con preocupación el intento del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro de interferir en la definición del lugar de realización de los partidos de fútbol. El Flamengo reconoce y respeta el rol constitucional del Ministerio Público, pero entiende que el respeto a las instituciones pasa también por el respeto a los límites y a las atribuciones de cada una de ellas.
Si los órganos responsables atestiguan técnicamente las condiciones para la realización de un partido, cabe preguntar: ¿con base en qué competencia técnica el Ministerio Público pretende desconsiderar esos informes y sustituir la evaluación de quien efectivamente responde por esa atribución?
No le corresponde al Ministerio Público elegir dónde los clubes deben disputar sus partidos. Si existen elementos técnicos que invaliden los informes presentados, que sean demostrados objetivamente.
El Flamengo defenderá siempre la seguridad, el cumplimiento de las reglas y el respeto a las competencias institucionales”.
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